Gilberto Conde e Iraís Fuentes
Jacobin
Em 1º de agosto, foi realizada uma consulta popular no México, na qual a população pôde se pronunciar sobre a necessidade de questionar atores políticos do passado, especialmente ex-presidentes da república, por crimes que cometeram. A questão a ser votada incluía o estabelecimento de comissões da verdade. Embora a proporção de cidadãos que foram às urnas tenha votado positivamente sim - perto de 98% - a taxa de participação foi baixa.
Esclarecer a verdade sobre um sistema criminal
Consulta e democracia direta
Boicote da direita e coincidências das esquerdas
Las derechas entendieron los riesgos que encerraba la consulta y la posibilidad de ver un movimiento social importante impulsado por un triunfo en las urnas que exigiera el establecimiento de comisiones de la verdad y por la justicia para las víctimas. Implicaba poner en tela de juicio todo el sistema neoliberal, con su corrupción, clasismo, sexismo y racismo. Podía significar que la población relacionara todos esos fenómenos con el sistema capitalista y con la violencia generalizada que se vive en el país. Sobre todo, podía traducirse en que la población empezara a tomar en sus propias manos su futuro.
En lugar de expresarse abiertamente por el no, las corrientes de derecha optaron por boicotear la consulta. Nadie puede oponerse a que se sepa la verdad sobre los crímenes cometidos por alguno o todos los expresidentes y sus cómplices, por lo que llamar a votar por el no era una opción descartada de inicio. Sin embargo, había que justificar bien el llamado al boicot (más adelante analizaremos cómo lo hicieron, con éxito relativo). Lo interesante aquí es que una parte de los legisladores de Morena, el partido del presidente, así como de la cúpula que lo dirige, no son realmente de izquierda; y consciente o inconscientemente colaboraron con el boicot.
La derecha encontró un eslogan que le permitió persuadir a mucha gente que no merecía la pena salir a votar el domingo 1º de agosto. Difundió masivamente la idea de que «la justicia no se consulta, se aplica». El lema encontró eco entre mucha gente porque encierra una verdad que pareciera evidente. Por supuesto, jamás dijeron que durante décadas los gobiernos de derecha hicieron poco y nada para aplicar la justicia.
Algo totalmente inesperado fue la coincidencia que se experimentó del lado izquierdo del espectro político. Es cierto que ocurrió tarde respecto de la fecha de la votación, pero no le resta importancia a que la mayor parte del abanico de fuerzas de izquierda convocara a participar en la consulta. El comité promovente, corrientes consecuentes de Morena, diversas agrupaciones de izquierda socialista y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamaron todos a apoyar la consulta.
Por supuesto, no han desaparecido las diferencias entre distintos sectores de lo que podemos denominar como «izquierdas», pero la consulta les dio la oportunidad de actuar a favor de un mismo punto. La sed de justicia compartida por millones de ciudadanos consiguió el pronunciamiento de muchas otras organizaciones populares, como los padres de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de las víctimas de la Guardería ABC y el Congreso Nacional Indígena, entre otras.
Consulta, boicote e resultados
El resultado cuantitativo de la Consulta Popular ha sido sobreexplotado por medios de comunicación hegemónicos: 7,1% de participación frente a 92,9% de abstencionismo, calificando a la consulta de «fracaso». No existe un solo factor explicativo; las razones son sumamente diversas. No obstante, sostenemos que el boicot articulado por las derechas, apoyadas por los medios de comunicación corporativos, impactó de manera significativa en el porcentaje de abstenciones.
Es indispensable comprender el movimiento que impulsó la Consulta Popular, encabezado por el Comité Promovente, una organización autónoma, dirigida por la luchadora social Ariadna Bahena y el activista Omar García. Su objetivo fue (y continúa siendo) exigir justicia, esclarecer los hechos, obtener reparación de daños a millones de víctimas de la violencia del Estado mexicano en los últimos 30 años.
Frente al creciente descontento de la ciudadanía con los gobiernos mexicanos (incluido el actual) y el potencial para organizar un movimiento popular que podía amenazar determinados privilegios, las derechas articularon una campaña de desprestigio contra la consulta a través de medios de comunicación hegemónicos, promovido por el desprecio y el miedo que comparten hacia los movimientos de base popular. Las derechas mexicanas desdibujaron las voces que exigen justicia y difundieron la figura de Andrés Manuel López Obrador como el rostro único de dicha acción ciudadana.
Los medios de comunicación corporativos difundieron que «la aplicación de la ley no es optativa ni voluntaria», sino que debe acatarse sin la necesidad de consultar a la ciudadanía; en otras palabras, «la ley no se consulta, se aplica». Sin embargo, los sectores populares sabemos de sobra que la aplicación de la ley en México es un privilegio, la excepción y no la norma; esta realidad está respaldada por el Índice Global de Impunidad 2020 (GII-2020, por sus siglas en inglés), donde México ocupa el lugar número 60 de 69 países analizados con mayor índice de impunidad.
Partidos políticos como PAN, PRI, PRD e incluso algunas facciones de Morena y sus representantes en el Congreso de la Unión promovieron el boicot, argumentando la intrascendencia de la consulta. El Instituto Nacional Electoral (INE), defensor evidente de la restauración oligárquica, participó activamente en el boicot a la consulta no solo por su deficiente desempeño en la organización y falta de difusión, sino también por las declaraciones y acciones de sus funcionarios más destacados, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, contra el proceso.
Lamentablemente, la parcialidad del organismo central de arbitraje no sorprende a las y los mexicanos, pues su participación en el fraude electoral de 2006 e incluso de 2012 es bien conocida, al igual que sus alianzas con los medios de comunicación hegemónicos, la malversación de fondos y su sistemático soslayo de las violaciones a la democracia por las facciones políticas de derecha. Tanto el INE como la mayoría de los partidos políticos oficiales forman parte de los actores políticos del pasado que deberían ser sometidos a juicio.
En suma, el hábil boicot de las derechas obnubiló la opinión de una parte importante de la ciudadanía que, bombardeada de información sesgada, se abstuvo de participar en un proceso que parecía no tener sentido, ser innecesario.
Submeter o sistema a julgamento
No obstante el cansancio de la ciudadanía por tanta elección y el boicot astuto de las derechas, es importante destacar que participaron cerca de 7 millones de mexicanos en una consulta en que 97 de cada 100 votaron a favor del juicio a los actores políticos del pasado. Del resto, una gran parte está a favor de que se les juzgue, al grado de que muchos se tragaron la idea de que simplemente hay que aplicarles la ley sin necesidad de ir a votar. La participación demostró, en cierta medida, el alcance de las organizaciones populares.
También es interesante observar, como revela el mapa adjunto, que fue en el Sur y en el Este del país, las zonas más empobrecidas, más indígenas y en las que más se han sufrido el despojo, la represión y las masacres, donde hubo mayor participación.
No sorprende que la derecha temblara ante la posibilidad de articular un movimiento popular, de democracia directa, a gran escala. Las organizaciones populares resultaron fortalecidas tras la campaña por la consulta popular. Existe la posibilidad de aprovechar el éxito de la movilización (así sea relativo) para continuarla y establecer comisiones de la verdad y tribunales populares para juzgar los crímenes del pasado. Es indispensable permanecer firmes, organizades y unides en la lucha contra el sistema capitalista en su expresión neoliberal, un sistema criminal. ¡Ni perdón, ni olvido!
Sobre os autores
Gilberto Conde é professor-pesquisador, El Colegio de México
Iraís Fuentes é geógrafa pela UNAM e professora de Relações Internacionais pela Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco.
Esclarecer a verdade sobre um sistema criminal
O estabelecimento de comissões da verdade e a promoção de julgamentos de ex-presidentes têm o potencial de abrir um processo que processa todo um sistema de governo criminal e seus perpetradores. Os ex-presidentes do período neoliberal lideraram o estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema criminoso de concentração de capital com o objetivo de perpetuá-lo.
Os ex-presidentes estão vinculados a uma série de crimes que deveriam ser esclarecidos e, idealmente, deveriam ser julgados por eles. Enquanto alguns podem ter prescrito (de acordo com a lei criminal mexicana), outros podem ser imprescritíveis. Além disso, nem todos os crimes são considerados crimes ou crimes graves porque o quadro jurídico foi moldado precisamente pelos próprios ex-presidentes e seus aparatos políticos.
No entanto, é importante que sejam estabelecidas comissões da verdade que as exponham claramente. É um elemento-chave de qualquer justiça de transição entre um regime autoritário ou mesmo semiditatorial e um democrático. Também é importante revelar quem são os responsáveis pelos crimes cometidos e quem são os seus cúmplices. São crimes cometidos pela classe política do passado, nos quais colaboraram militares, juízes e grandes empresários. Cumpre esclarecer que esses crimes ocorreram tanto no governo do Partido Revolucionário Institucional (PRI) quanto no do Partido da Ação Nacional (PAN), que se gabava de ter iniciado um processo de transição democrática, mas na verdade deu continuidade ao regime anterior.
Os crimes que identificam setores importantes da população incluem ações de expropriação do povo mexicano em geral e de comunidades particulares no processo de implantação do regime neoliberal no México (privatização de centenas de empresas, resgate financeiro do sistema bancário convertido em dívida pública, etc.), corrupção nos níveis mais altos ao longo do processo, uma série de fraudes eleitorais - particularmente nas eleições presidenciais, pelo menos em 1988 (PRI para PRI), 2006 (PAN para PAN) e 2012 (PAN para PRI) -, repressão brutal contra a oposição e movimentos populares no campo e na cidade, detenções arbitrárias, desaparecimentos, torturas, "execuções extrajudiciais" e massacres estatais - principalmente de indígenas no sul e sudeste do país (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado do México) - no marco de uma suposta “guerra contra as drogas” que frequentemente ocultava a cumplicidade do Estado com algum cartel.
Consulta e democracia direta
Um comitê de promoção que surgiu de baixo, fora do aparato político, se propôs a coletar assinaturas para que fosse realizada uma consulta popular para questionar se ex-presidentes deveriam ser julgados por esse tipo de crime. Há alguns anos foi aprovada a figura da consulta, e a legislação a esse respeito é bastante restritiva. Ainda assim, as assinaturas necessárias foram reunidas. O Presidente López Obrador encaminhou o pedido de consulta para que pudesse prosseguir sem maiores obstáculos. O Supremo Tribunal de Justiça da Nação acatou a constitucionalidade da sua execução, mas reformulou a questão, que ficou ininteligível.
No entanto, a ideia da consulta, em particular sobre a questão da justiça face ao comportamento criminoso de ex-presidentes - ou de “atores políticos do passado”, como ficou na formulação final - é muito importante porque oferece a possibilidade de que a população tome uma decisão fundamental diretamente. Todo o processo começou como um movimento cidadão para exigir o esclarecimento da verdade e da justiça e até mesmo para que os ex-presidentes fossem processados criminalmente. Votar, por si só, implica uma sociedade envolvida.
Boicote da direita e coincidências das esquerdas
Las derechas entendieron los riesgos que encerraba la consulta y la posibilidad de ver un movimiento social importante impulsado por un triunfo en las urnas que exigiera el establecimiento de comisiones de la verdad y por la justicia para las víctimas. Implicaba poner en tela de juicio todo el sistema neoliberal, con su corrupción, clasismo, sexismo y racismo. Podía significar que la población relacionara todos esos fenómenos con el sistema capitalista y con la violencia generalizada que se vive en el país. Sobre todo, podía traducirse en que la población empezara a tomar en sus propias manos su futuro.
En lugar de expresarse abiertamente por el no, las corrientes de derecha optaron por boicotear la consulta. Nadie puede oponerse a que se sepa la verdad sobre los crímenes cometidos por alguno o todos los expresidentes y sus cómplices, por lo que llamar a votar por el no era una opción descartada de inicio. Sin embargo, había que justificar bien el llamado al boicot (más adelante analizaremos cómo lo hicieron, con éxito relativo). Lo interesante aquí es que una parte de los legisladores de Morena, el partido del presidente, así como de la cúpula que lo dirige, no son realmente de izquierda; y consciente o inconscientemente colaboraron con el boicot.
La derecha encontró un eslogan que le permitió persuadir a mucha gente que no merecía la pena salir a votar el domingo 1º de agosto. Difundió masivamente la idea de que «la justicia no se consulta, se aplica». El lema encontró eco entre mucha gente porque encierra una verdad que pareciera evidente. Por supuesto, jamás dijeron que durante décadas los gobiernos de derecha hicieron poco y nada para aplicar la justicia.
Algo totalmente inesperado fue la coincidencia que se experimentó del lado izquierdo del espectro político. Es cierto que ocurrió tarde respecto de la fecha de la votación, pero no le resta importancia a que la mayor parte del abanico de fuerzas de izquierda convocara a participar en la consulta. El comité promovente, corrientes consecuentes de Morena, diversas agrupaciones de izquierda socialista y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamaron todos a apoyar la consulta.
Por supuesto, no han desaparecido las diferencias entre distintos sectores de lo que podemos denominar como «izquierdas», pero la consulta les dio la oportunidad de actuar a favor de un mismo punto. La sed de justicia compartida por millones de ciudadanos consiguió el pronunciamiento de muchas otras organizaciones populares, como los padres de los normalistas de Ayotzinapa, los padres de las víctimas de la Guardería ABC y el Congreso Nacional Indígena, entre otras.
Consulta, boicote e resultados
El resultado cuantitativo de la Consulta Popular ha sido sobreexplotado por medios de comunicación hegemónicos: 7,1% de participación frente a 92,9% de abstencionismo, calificando a la consulta de «fracaso». No existe un solo factor explicativo; las razones son sumamente diversas. No obstante, sostenemos que el boicot articulado por las derechas, apoyadas por los medios de comunicación corporativos, impactó de manera significativa en el porcentaje de abstenciones.
Es indispensable comprender el movimiento que impulsó la Consulta Popular, encabezado por el Comité Promovente, una organización autónoma, dirigida por la luchadora social Ariadna Bahena y el activista Omar García. Su objetivo fue (y continúa siendo) exigir justicia, esclarecer los hechos, obtener reparación de daños a millones de víctimas de la violencia del Estado mexicano en los últimos 30 años.
Frente al creciente descontento de la ciudadanía con los gobiernos mexicanos (incluido el actual) y el potencial para organizar un movimiento popular que podía amenazar determinados privilegios, las derechas articularon una campaña de desprestigio contra la consulta a través de medios de comunicación hegemónicos, promovido por el desprecio y el miedo que comparten hacia los movimientos de base popular. Las derechas mexicanas desdibujaron las voces que exigen justicia y difundieron la figura de Andrés Manuel López Obrador como el rostro único de dicha acción ciudadana.
Los medios de comunicación corporativos difundieron que «la aplicación de la ley no es optativa ni voluntaria», sino que debe acatarse sin la necesidad de consultar a la ciudadanía; en otras palabras, «la ley no se consulta, se aplica». Sin embargo, los sectores populares sabemos de sobra que la aplicación de la ley en México es un privilegio, la excepción y no la norma; esta realidad está respaldada por el Índice Global de Impunidad 2020 (GII-2020, por sus siglas en inglés), donde México ocupa el lugar número 60 de 69 países analizados con mayor índice de impunidad.
Partidos políticos como PAN, PRI, PRD e incluso algunas facciones de Morena y sus representantes en el Congreso de la Unión promovieron el boicot, argumentando la intrascendencia de la consulta. El Instituto Nacional Electoral (INE), defensor evidente de la restauración oligárquica, participó activamente en el boicot a la consulta no solo por su deficiente desempeño en la organización y falta de difusión, sino también por las declaraciones y acciones de sus funcionarios más destacados, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, contra el proceso.
Lamentablemente, la parcialidad del organismo central de arbitraje no sorprende a las y los mexicanos, pues su participación en el fraude electoral de 2006 e incluso de 2012 es bien conocida, al igual que sus alianzas con los medios de comunicación hegemónicos, la malversación de fondos y su sistemático soslayo de las violaciones a la democracia por las facciones políticas de derecha. Tanto el INE como la mayoría de los partidos políticos oficiales forman parte de los actores políticos del pasado que deberían ser sometidos a juicio.
En suma, el hábil boicot de las derechas obnubiló la opinión de una parte importante de la ciudadanía que, bombardeada de información sesgada, se abstuvo de participar en un proceso que parecía no tener sentido, ser innecesario.
Submeter o sistema a julgamento
No obstante el cansancio de la ciudadanía por tanta elección y el boicot astuto de las derechas, es importante destacar que participaron cerca de 7 millones de mexicanos en una consulta en que 97 de cada 100 votaron a favor del juicio a los actores políticos del pasado. Del resto, una gran parte está a favor de que se les juzgue, al grado de que muchos se tragaron la idea de que simplemente hay que aplicarles la ley sin necesidad de ir a votar. La participación demostró, en cierta medida, el alcance de las organizaciones populares.
También es interesante observar, como revela el mapa adjunto, que fue en el Sur y en el Este del país, las zonas más empobrecidas, más indígenas y en las que más se han sufrido el despojo, la represión y las masacres, donde hubo mayor participación.
No sorprende que la derecha temblara ante la posibilidad de articular un movimiento popular, de democracia directa, a gran escala. Las organizaciones populares resultaron fortalecidas tras la campaña por la consulta popular. Existe la posibilidad de aprovechar el éxito de la movilización (así sea relativo) para continuarla y establecer comisiones de la verdad y tribunales populares para juzgar los crímenes del pasado. Es indispensable permanecer firmes, organizades y unides en la lucha contra el sistema capitalista en su expresión neoliberal, un sistema criminal. ¡Ni perdón, ni olvido!
Sobre os autores
Gilberto Conde é professor-pesquisador, El Colegio de México
Iraís Fuentes é geógrafa pela UNAM e professora de Relações Internacionais pela Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco.
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