O mecanismo de justiça colombiano que investiga os crimes cometidos no conflito entre o Estado e a guerrilha revelou que havia 6.402 civis mortos pelos militares e apresentados como combatentes. 78% dessas mortes ocorreram durante o governo de Álvaro Uribe Vélez.
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| Estudantes protestando nas ruas de Bogotá em 24 de fevereiro de 2021. (Foto: Néstor Gómez- El Tiempo) |
“Desta vez vinha saudar a paz e não descarregar bombas”, foram as palavras do visivelmente assustado chefe guerrilheiro Rodrigo Londoño, vulgo Timochenko, após o sobrevoo surpresa de um avião F-16 durante seu discurso em Cartagena na cerimônia de assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as até então mais antigas guerrilhas da América Latina, as FARC-EP.
Sin duda ese 26 de septiembre de 2016, que oficialmente concluyó mas de cuatro años de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, fue un momento histórico. Por primera vez en mas de medio siglo, en el país se podía sentir el inicio del fin de una guerra que a lo largo de la historia había dejado millones de víctimas. Por primera vez en mucho tiempo, se podía sentir esperanza. Y esa esperanza fue justificada. El país vivía un período de estabilidad y relativa tranquilidad.
Hoy, más de cuatro años después de ese icónico día, muy poco queda de la esperanza que se sentía en ese momento. La historia ya es conocida: en un plebiscito dos semanas después de la firma en Cartagena, por un margen extremadamente estrecho, ganó la opción del «No» a los acuerdos de paz. La opción fue promovida por la extrema derecha y el uribismo, y pudo obtener esa victoria sobre todo gracias a los votos de las regiones menos afectadas por el conflicto armado.
Ante esa derrota, el acuerdo tuvo que ser modificado. Una nueva versión del documento final se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón, en el centro de Bogotá. La implementación de la nueva versión de ese acuerdo, en teoría, se esta llevando a cabo desde ese entonces. Sin embargo, en la práctica, resulta evidente que ese no es el caso.
Desde la victoria electoral de Iván Duque, en 2018, representando al uribismo –espacio que años atrás había declarado querer «hacer trizas ese maldito papel» (refiriéndose al Acuerdo de La Habana)–, el proceso ha estado bajo constantes ataques por parte del gobierno nacional. La llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ente establecido en los acuerdos de paz para esclarecer lo ocurrido en el conflicto y condenar los responsables, ha sido atacada sistemáticamente.
Los ataques hacia la JEP, aunque constantes desde que se estableció, se han incrementado considerablemente después de que el pasado mes de febrero se hiciera público que en el conflicto armado ha habido al menos 6402 ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados «falsos positivos».
Una política de Estado
Pero para entender y explicar el intento de desprestigiar el proceso de paz –y sobre todo la JEP–, primero hay que entender al uribismo y a su máximo representante: Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe ha dominado el discurso político a nivel nacional por lo menos desde inicios del siglo, y desde los años 80 ocupa cargos públicos en Colombia. El más importante, el de Presidente de la República, durante los períodos 2002–2006 y 2006–2010.
Durante sus dos presidencias, el país vivió una época de reformas neoliberales, con los mismos resultados de siempre: un desastre para la gente de a pie, pero muy favorables para los grandes poderes económicos y los capitales extranjeros. Esas reformas pudieron ser aplicadas por el gobierno casi sin resistencia debido a su habilidad para desplazar el foco de la atención pública hacia el conflicto armado. Su gran promesa siempre fue «acabar con las guerrillas» en Colombia. Principalmente, con la guerrilla de las FARC, la más grande e influyente.
El plan para lograr ese objetivo se conoce como «Seguridad Democrática», y pretendió lograr una mayor seguridad en el territorio colombiano mediante el aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas pero también mediante el apoyo de la población civil para obtener resultados «positivos» contra los grupos armados que operaban en el país.
Atendiendo exclusivamente a las cifras, en cierta medida ha sido una política exitosa: la cantidad de integrantes de las FARC disminuyó considerablemente e incluso logró la desmovilización del grupo paramilitar más grande del país, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, un análisis que solo contemple números en un papel no sirve de casi nada. Esos números no reflejan la realidad.
En primer lugar, los nexos del partido de Uribe (Centro Democrático) con el paramilitarismo son innegables, y hasta el día de hoy siguen intactos. Segundo, la guerra contra la guerrilla se agudizó considerablemente. Y los ataques y operativos por parte del Ejército Nacional, como la mayoría de las veces, tuvieron como principal afectada a la población rural del país. En ningún gobierno se produjo un número más grande de desplazados por la violencia que en los ocho años que gobernó Uribe. De los más de cinco millones de desplazamientos forzados, más de la mitad ocurrió durante su mandato.
En ese mismo período salió a la luz el tema de los «falsos positivos». Los eufemísticamente llamados «falsos positivos» fueron civiles asesinados por el Ejército de Colombia y presentados como «bajas en combate contra la guerrilla». La fiscalía sitúa el número de los falsos positivos en 2248 personas. Sin embargo, en el mes de febrero, la JEP publicó que al menos 6402 civiles han sido asesinados. El 78% de esas víctimas se reportaron en los gobiernos de Uribe.
Desde que se dieron a conocer esas cifras tan aterradoras, el uribismo ha vuelto a orientar todos sus ataques hacia la JEP, cuestionando los números de su informe. Pero esta vez la estrategia no parece estar funcionando. La imagen positiva de Álvaro Uribe Vélez se encuentra por debajo del 30%. Lo mismo para el gobierno de Iván Duque.
Y es que la extensa investigación de la JEP deja incontestablemente claro que los «falsos positivos» han sido una realidad en el conflicto armado, y que el expresidente Uribe ha sido el jefe de Estado en cuyos mandatos se produjo la inmensa mayoría de los casos. De los más de 12 mil muertos presentados por la administración de Uribe como «bajas de la guerrilla», casi la mitad han sido ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército.
Conociendo esas cifras, tanto la Seguridad Democrática como la administración de Uribe deben perder todo tipo de legitimidad. Para el uribismo va a ser prácticamente imposible argumentar que los «falsos positivos» se hayan producido sin el conocimiento del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Se trató de una política de Estado, sobre eso no quedan dudas.
Miente, miente, que algo quedará
El Acuerdo de Paz entre gobierno colombiano y las FARC establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. La JEP es la institución creada para establecer justicia transicional. Dice en su página web: «La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera».
Desde su creación, ha estado enfocada en recoger testimonios, tanto de las víctimas como de las FARC y las Fuerzas Armadas de Colombia. Y, aunque en teoría no existe sector político que se oponga, resulta evidente que hay poderes a los que les interesa que la paz nunca llegue. La razón es sencilla: a cierto sector de la política colombiana (al cual pertenece el uribismo) no le conviene que se conozca la verdad sobre lo ocurrido en más de cincuenta años de guerra en el país. Allí radican las razones de sus constantes cuestionamientos y críticas hacia la JEP y el Acuerdo de Paz en general. Que exista algún sector que se oponga a los acuerdos de paz no es tan grave; es, hasta cierto punto, esperable. El problema está cuando es ese sector el que controla todos los poderes del Estado.
La extrema derecha colombiana se ha anotado una gran victoria: ha conseguido que una parte de la sociedad esté en contra del proceso de paz y, en consecuencia, de la JEP. La estrategia del uribismo es fácil y efectiva. Hablar con mentiras (o verdades a medias) y lograr que la gente se indigne. Como dijo Juan Carlos Vélez Uribe, entonces gerente de la campaña del «No» en el plebiscito: «Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca [enojada]». Esa estrategia sigue en marcha en la actualidad, y el nivel de desinformación y poco conocimiento sobre el tema no sorprende; es parte de su estrategia.
«Los narcoterroristas de las FARC tomaron los poderes del Estado para poder delinquir libremente». «El anterior gobierno les ha regalado curules en el senado en vez de juzgarlos». «Los cabecillas de las FARC gozan de absoluta impunidad mientras las Fuerzas Armadas son juzgadas por la JEP». Esas y muchas otras mentiras son fácilmente refutables. Pero, repetidas hasta el cansancio por el uribismo, ya hacen parte del discurso político colombiano. La oposición tiene la ardua tarea de informar de verdad y actuar como contrapeso ante tanta desinformación promovida deliberadamente por el partido en el gobierno.
6402
La JEP ha establecido que los «falsos positivos» fueron casi tres veces más de lo que la Fiscalía admitió en el pasado. Son 6402 personas asesinadas por el Estado. 6402 vidas perdidas en una guerra sin sentido que por un breve período, hace pocos años, parecía haber terminado. Los máximos responsables de esos crímenes son conocidos, aunque por ahora no pueden ser imputados y harán todo en su poder para que eso no cambie. La justicia es la que tendrá la última palabra, y ojalá pueda trabajar para que se conozca la verdad y finalmente pueda haber justicia.
Ya se sabe que este gobierno va a hacer todo lo posible para que eso no pase, para deslegitimar la JEP y el proceso de paz. En los últimos tres años, eso ha quedado más que claro. Pero las elecciones del año entrante pueden torcer el rumbo de esta historia. Está en manos de la oposición y todos los sectores que verdaderamente apoyan la paz unirse para ganar y fortalecer el proceso de paz y sus instituciones. El pueblo colombiano debe votar sin ambages por una propuesta radicalmente en pro de la paz. Eso implica, también, posicionarse radicalmente a favor de la justicia, a favor de la reconciliación, a favor de la verdad y, sobre toda, a favor de las víctimas.
6402. En ese número deberían pensar los dirigentes políticos cuando las diferencias parezcan insuperables. Para que ese 6402 no siga siendo un simple número y comience a conocerse la verdad de cada una de esas personas. Para que las víctimas puedan recibir el respeto que se merecen. Para que por fin se le pueda garantizar a este pueblo, que tanto ha sufrido, el derecho de vivir en paz.
Sobre o autor
Johannes Papathanasiou es Magíster en Ética-Derecho especializado en política colombiana. Ha colaborado en el periódico Katapult (Alemania).
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